Forofilo

ILEGALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO

ILEGALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO
« en: Octubre 24, 2021, 07:29:29 am »
               ILEGALIZACIÓN DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO
                        Por: Juan Chicharro. Presidente ejecutivo de la Fundación Franco


En apenas mes y medio se cumplirán 45 años de la creación de la Fundación Nacional Francisco Franco que tengo el honor, hoy, de presidir como presidente ejecutivo.

El día 10 de diciembre de 1976 el exministro Don Joaquín Gutiérrez Cano pronunció las siguientes palabras en el acto que tuvo lugar con tal motivo:

«Quienes formamos parte de la Comisión Organizadora de la FNFF no tenemos propósitos políticos de ningún tipo, la Fundación va a tener un carácter netamente cultural, humanístico y docente. Sus fines son difundir el conocimiento de la figura de Francisco Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato».

Han pasado 45 años y son muchas las vicisitudes acaecidas desde entonces. La mayoría de las personas que formalizaron su adhesión a la Fundación ya no están con nosotros, pero se mantiene incólume el espíritu de lo que significó aquello pese a que las circunstancias no son precisamente las mismas. Lo que en aquellos días era una tarea exenta de complicaciones hoy es una auténtica proeza. La animosidad creciente contra todo lo que significa la figura de Francisco Franco ocasiona que la tarea de la Fundación se vea entorpecida desde muchos frentes. El mero hecho de la presentación de un libro, la organización de una cena o, incluso, la de una misa en su recuerdo supone superar toda clase de obstáculos.

Y por si fuera poco todo lo expuesto, el Gobierno socialista comunista en el poder pretende ilegalizar la propia Fundación, tarea en la que cooperan numerosos medios, correa de transmisión del propio Gobierno. Para eso les pagan, claro. La Fundación Nacional Francisco Franco se atiene, en el ejercicio de su libertad, al argumento base de la Ley de Fundaciones: servir a fines de interés general. Difícilmente se puede mantener que una Fundación dedicada al conocimiento de un periodo trascendental de la historia de España sobre una persona que fue Jefe del Estado durante 40 años y que, además, lo hace desde una aportación documental propia, no tenga interés o utilidad pública.

Encaje de bolillos es lo que hace este Gobierno para buscar la ilegalización de la Fundación. La vía es el proyecto de Ley de Memoria Democrática actualmente en trámite parlamentario. El odio y la venganza es el motor que le empuja pero también evitar el conocimiento de cómo Franco propició la mayor transformación social y económica de toda nuestra historia y la comparación con la situación desastrosa en la que se encuentra España ahora. Y que no me hablen de la falta de libertades, tal y como las entendemos hoy, pues si así lo vociferan algunos es por su desconocimiento de que en la historia de los pueblos hay veces en que las circunstancias lo imponen y menos aún exponerlos en momentos dictatoriales como el actual, donde se han cercenado impunemente derechos fundamentales, tal como ha sentenciado recientemente el Tribunal Constitucional.

En buena ley jamás este proyecto podrá salir adelante. Las razones son muchas siquiera sea solo porque así a bote pronto incumple flagrantemente hasta cinco artículos de la CE ( el 14, el 16, el 20 y el 34) y se opone frontalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando este protege especialmente la expresión de opiniones de carácter político, aunque estas sean «minoritarias» e incluso «pongan en cuestión la democracia y los derechos humanos» siempre y cuando «no inciten la comisión de un delito o creen un riesgo claro de hostilidad o violencia». El derecho a no ser ofendido no existe como tal, en cambio la libertad de expresión sí.

No deja de ser asimismo preocupante que quienes propician este proyecto de ley sean los mismos que amparan, negocian y colaboran con ETA* y sus representantes y humillan constantemente a sus víctimas. ¿Dónde está la credibilidad de este Gobierno?

En cualquier caso, digamos claro que la FNFF, como fundación de carácter humanístico, cultural y docente, en el uso de su libertad de expresión e ideológica y de sus derechos constitucionales presentes, seguirá recordando la memoria y figura de Francisco Franco, no solo durante los años de su mandato sino también con anterioridad a la Guerra Civil, destacando su inmejorable trayectoria militar, y las obras y actividades llevadas a cabo como Jefe del Estado sin incitar en ningún caso a la violencia ni a la humillación de las víctimas del otro bando.

Nos hablan igualmente de apología del franquismo como algo casi delictivo, sin tener en cuenta que la apología como el discurso de palabra o escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo (según definición de la Real Academia Española) en ningún caso puede ser objeto de sanción penal siempre que no esté acompañada de alguna circunstancia de menosprecio o humillación de víctimas, algo que está fuera de las actividades de esta Fundación. La apología es simplemente una forma de expresar una opinión. Nada más. Es por todo ello, que se hace impensable sancionar la libre expresión de ideas cuando éstas únicamente tienen por fin la defensa o alabanza de alguien o algo sin causar daños o menosprecios a las víctimas. Quede claro que castigar la apología del franquismo cuando no esté causando daño a terceros sería aplicar un precepto contrario a la Constitución.

La pregunta es: ¿ se cumple la Constitución española? Esa es la cuestión.

Tomado de:
https://www.larazon.es/



La puerta del panteón de la familia Franco donde han sido depositados los restos de Francisco Franco. | David Alonso

A propósito de este escrito anterior publico a continuación otro trabajo del año 2020 con el que quedará explicado el propósito del actual gobierno socialista español. 

     LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO: "SI ES PRECISO NOS VAMOS A UN PAÍS LIBRE"

El presidente de la Fundación Francisco Franco ha comentado en esRadio la nueva Ley de Memoria Democrática.

El Gobierno de Pedro Sánchez a través de la vicepresidenta Carmen Calvo quiere impulsar una nueva ley llamada de Memoria Democrática con la que pretenden establecer el delito de apología del franquismo. Uno de sus objetivos es la Fundación Francisco Franco que custodia en un archivo histórico miles de documentos y que estudia el franquismo.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro Ortega, ha contado cómo se han enterado "por la prensa" y "leyendo el anteproyecto de ley" de las intenciones del Gobierno. Ha asegurado que esta Ley de Memoria Democrática es una "ley liberticida".

Chicharro ha contado que la Fundación Francisco Franco tiene "carácter y vocación histórica" y que cuentan "una verdad" tal y como la entienden. El presidente ha dicho que "los jueces van a tener un problema" porque irán a los tribunales. En este sentido se ha preguntado si decir que "Franco construyó viviendas sociales, que cuando murió no había paro o que nombró heredero al rey Juan Carlos I es apología del franquismo".

También se ha preguntado si, como dice el anteproyecto de ley, se sancionará la "incitación directa o indirecta del odio a las víctimas de las Guerra Civil" el Gobierno también irá a por "las fundaciones marxistas subvencionadas".

"En el fondo de la cuestión esta ley lo que hace es rematar la vigente Ley de Memoria Histórica, que les ha parecido corta", ha señalado el presidente de la Fundación Francisco Franco. Chicharro ha argumentado que "lo tienen bien pensado" porque "lo que quieren es borrar de un plumazo el franquismo y la Transición" y "llevarse por delante la monarquía". Piensa que con esta nueva ley "el que se salga de ese dogma será en primer lugar multado y luego ya veremos".

33.000 documentos de Franco

El presidente de la Fundación Francisco Franco ha contado también que custodian "33.000 documentos privados de Franco donde se dicen muchas verdades". Cree que "es una verdad que hay que liquidar, quitársela de en medio" y ese es "el objetivo clave".

Ha recordado también que "la Fundación fue asaltada y todavía estamos esperando a que nos digan qué pasó". En este sentido ha dicho que "quieren hacerse como puedan con esos documentos y borrar la verdad". "Han robado hasta el oro de España, ¿no van a robar un archivo?", se ha preguntado.

Para defender a la Fundación Francisco Franco una vez que la ley se ponga en vigor ha anunciado que irán a los tribunales porque creen que es su "libertad" y que no se la van a "quitar". También ha anunciado que "si es preciso, nos vamos a un país libre".

Además ha remarcado que el archivo, aunque es privado y personal de "una persona que lo cedió a la Fundación", es de acceso público y tienen un convenio con el Ministerio de Cultura. "Todos los documentos se digitalizaron" y "cualquier investigador tiene acceso", ha dicho.

Tomado de:
https://www.libertaddigital.com/

*Euskadi Ta Askatasuna (ETA; «País Vasco y Libertad» en euskera) fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista, abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus sesenta años de historia, entre 1958 y 2018, surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría la conocida como ETA militar.

Tuvo como principal objetivo la construcción de un Estado socialista en Euskal Herria y su independencia de España y Francia. Sus integrantes, llamados «etarras», utilizaron el asesinato, el secuestro y la extorsión económica para lograr este fin. El 95% de los asesinatos de ETA tuvieron lugar después de la muerte de Francisco Franco. La mayoría tuvieron lugar en las décadas de 1970, 1980 y 1990. La mayoría de los asesinados fueron policías y militares, aunque el 41 % de sus víctimas mortales fueron civiles, entre ellos: jueces, políticos del PSOE y del PP, periodistas, empresarios y catedráticos, la mayoría vascos, además de otras personas cuya muerte en atentados y explosiones ETA ha considerado como un daño colateral.

A lo largo de su historia, se estima que la organización ha causado la muerte de 864 personas, entre ellas 22 niños. Se calcula que la organización llegó a ingresar 120 millones de euros mediante atracos, secuestros, tráfico de armas y extorsión económica. También recaudaba dinero mediante la colocación de huchas en herriko tabernas (bares de simpatizantes de la izquierda abertzale) y en algunas txosnas (casetas de las fiestas populares). La organización extorsionó a 10 000 personas mediante el llamado «impuesto revolucionario», a menudo con amenazas de muerte. Miles de personas se marcharon: se calcula que entre 60 000 y 200 000 vascos (entre el 3 y el 10 % de la población) emigraron del País Vasco entre 1980 y 2000, aunque se admite la dificultad para establecer cifras concretas. Una publicación de 2018 afirma que la actividad de ETA tuvo un coste económico de 25 000 millones de euros entre 1970 y 2003.