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TRABAJADORAS SEXUALES, ¿UNA ABERRACIÓN O UN DESTINO?

TRABAJADORAS SEXUALES, ¿UNA ABERRACIÓN O UN DESTINO?
« en: Septiembre 14, 2021, 02:30:52 pm »
                TRABAJADORAS SEXUALES, ¿UNA ABERRACIÓN O UN DESTINO?
                                        Por: Licenciado Frank Braña Fernández.




Bogotá. Colombia.- En un mundo cada vez más convulso y confinado como rehén de la pandemia del Covid-19, que sin percatarse y ante la mirada cómplice de los actores políticos internacionales acaba de regresar a épocas antiguas con los sucesos de Afganistán; la prostitución, la migración y el trabajo parecen ser temas que poco importan a muchos decisores políticos y económicos.

Veintiún siglos después de Cristo, la profesión más antigua del mundo, la prostitución, mantiene una validez extraordinaria y no solo aviva a la sociedad en debates ético-morales, sino que forma parte de entramados, conflictos laborales y migratorios en países del primer mundo. En España el conflicto entre el estado, las prostitutas que se han organizado sindicalmente y los empleadores no solo transitan por un tema laboral, sino que gana otros matices incorporándose la migración.

El análisis del tema en cuestión no escapa de la disparidad social que existe entre los países del centro y la periferia, en los últimos años los problemas acumulados en el sur han hecho explotar diferentes flujos migratorios, los que mucho más que por causas políticas tienen una base económica. La migración continúa siendo una carga pesada para todas aquellas personas que la utilizan como vía para resolver los problemas que presentan en su país de origen.

Las olas migratorias con una característica casi general de comportarse en un flujo sur–norte tiene para los migrantes, unido a los problemas psicológicos y sentimentales, una gran barrera en el ámbito laboral. Los países del primer mundo, receptores, utilizan esta fuerza laboral en trabajos mal remunerados, con pésimas condiciones laborales, a la vez que se expone en muchos casos el fenómeno de rechazo laboral por sobre calificación.

La Europa actual ha olvidado en gran medida la época en que producto de las guerras mundiales y la expansión soviética fue parte de la espiral migratoria, y no justamente como receptora de migrantes, sino como generadora. En la actualidad en España se encuentra avivado un conflicto sustentado en las diferentes percepciones y paradigmas respecto a los derechos humanos.

Aunque pareciera increíble y en muchos medios informativos se asocie la migración al género masculino, un gran por ciento de mujeres han llegado a España en busca de la sociedad perfecta, teniendo que recurrir a la prostitución para lograr sustentar económicamente a sus familias, tanto dentro del país, en el cual ejercen, como en sus países de origen. La gran mayoría de estas mujeres trabajadoras sexuales proceden de Latinoamérica y de la zona del Magreb.

No puede dejar de mencionarse que algunas de las mujeres que llegan a España lo hacen engañadas por empresas o empresarios, pero nunca pensando que llegarán a prostituirse, sufriendo como trabajadoras migrantes el miedo a la deportación, grandes deudas por el costo del viaje y el acoso constante del sistema legal; a lo que se suma que a la gran mayoría les son retirados sus pasaportes por los contrabandistas de personas para garantizar que no puedan escapar. Todo lo anterior las obliga a tener en la prostitución la única opción para comenzar la nueva vida. Este conflicto cuenta con dos ejes problemáticos, migración y explotación laboral.

Los principales problemas enfrentados en su trabajo son: la irregularidad y falta de protección jurídica, el no contar con seguro social, las que son madres no tener quien les cuide sus hijos, la mala remuneración y la estigmatización social en una sociedad moralista que las excluye y discrimina.

Ante los abusos de muchos empleadores, dueños de burdeles y cafés, en el año 2018, el gobierno de Pedro Sánchez admitió en la Dirección General de Trabajo comenzar el proceso de constitución del autodenominado Sindicato de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), el cual representa el anhelo de las mujeres trabajadoras sexuales de poder contar con derechos y protección legal, y aunque la prostitución es una actividad ilícita en el país, indiscutiblemente supone un reconocimiento laboral.

Un problema más se suma a las mujeres migrantes que se ven obligadas a ejercer este oficio, ya que unido al conflicto que pervive con sus empleadores, se añade uno con el gobierno que busca desde el propio 2018, y ante las presiones de una gran parte de la sociedad civil, detener y eliminar a las trabajadoras sexuales y la creación de esta asociación o sindicato.

La decisión del gobierno de declararse contrario a la prostitución por considerarla un atentado contra la dignidad de la mujer se basa en paradigmas europeos y en un modelo abolicionista que plantea, según estudios, que el 80% de las mujeres ejercen este trabajo de manera forzada, y lo que es paradójico, se le niegan sus derechos en un país donde, estudios sociales, por cada hospital público hay al menos 3 burdeles y siempre una línea creciente de clientes que lo ubica entre los que más requieren de esta vieja profesión como medio de diversión y no estrés.

OTRAS en su lucha por sindicalizarse como primer paso para el reconocimiento logró elegir una directiva, utilizar las redes sociales como Twitter y Facebook tratando de ponerse a la altura de cualquier otra corporación o gremio. Esta lucha que no comenzó en el 2018, sino dio su primer gran paso en ese año, valida desde la perspectiva de los derechos humanos la libre elección a ejercer un trabajo, el derecho a organizarse y el respeto a la dignidad no desde una visión moralista sino humana.

Aun cuando la constitución de esta organización se sentaba sobre la base de poder de manera organizada y legal hacer frente a los abusos de los empleadores y poder, incluso, defender a las migrantes irregulares obligadas a ejercer la prostitución; la escalada del conflicto se centró entre las trabajadoras sexuales y el estado, ya que, aunque había sido admitido a trámite en una sentencia de 17 páginas, solo unos meses después un magistrado de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró nulo los estatutos de la organización por el hecho de que en un contrato un empresario o empleador indique que haya relaciones sexuales a cambio de una remuneración. En los por cuantos de dicha sentencia se plantea que declarar válidos los estatutos de la organización supondría dar carácter laboral a una relación contractual donde aparece la prostitución como fin.

El conflicto volvió a matizarse de forma negativa en las calles españolas, fundamentalmente de Madrid y Barcelona, ya que al no contar con un respaldo legal los empleadores o empresarios, como se auto titulan los dueños de burdeles, aumentaron la presión y la esclavitud laboral. No obstante el primer revés, las representantes de las trabajadoras sexuales continuaron la lucha por sus objetivos, aunque atacadas por colectivos como la Plataforma 8 de Marzo de Sevilla, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a las Mujeres, recibiendo apoyo de algunas organizaciones y la cúpula del gobierno español.

Expuesto socialmente la doble lucha de las trabajadoras sexuales en primer orden y de las migrantes que integran esos gremios en segundo, y luego de los reclamos, se logró que en el presente año 2021 el Tribunal Supremo reconociera el derecho de las prostitutas a formar un sindicato teniendo como argumento el derecho a la libertad sindical y a sindicarse, pero sin determinar la legalidad o ilegalidad de este tipo de actividad y dejando esta última decisión en manos del ejecutivo; y creando un muro entre las trabajadoras sexuales al no reconocer el derecho de las que tienen empleadores.

Si bien constituye un paso importante en la lucha de una organización por su reconocimiento y lo sitúa en mejor posición para evitar el excesivo abuso laboral por parte de los empleadores, el tema no queda resuelto, ya que al no darse paso a la legalización de la actividad se truncan las opciones legales de quienes la ejercen y se observa jurídicamente una contradicción que parte del reconocimiento a un sindicato gremial que a su vez representa una actividad prohibida.

De la misma manera la gran cantidad de mujeres migrantes mantienen en su limbo jurídico ya que legalmente con la amenaza de la deportación y el no acceso a ningún tipo de beneficio social o migratorio. En una España puritana vuelve a surgir una esperanza pues se analiza en anteproyecto de ley sobre libertad social del ministerio de igualdad donde la Organización de Trabajadoras Sexuales está jugando un papel protagónico.

La actual pandemia del COVID 19 que afecta desde el año 2020 ha impactado negativamente la economía mundial, y si algo no se ha detenido ha sido el flujo migratorio irregular, llegando incluso a aumentar dirigido a países como España debido al resquebrajamiento de los sistemas económicos sociales de muchas naciones del tercer mundo; y es producto del impacto de la pandemia en la economía y el mercado laboral que el aumento del desempleo continúa en la actualidad haciendo del trabajo sexual una opción para las migrantes, profesión en la que se agravan las condiciones por el confinamiento y cierre de las zonas rosas de las principales ciudades europeas, lo que ha obligado al desempeño clandestino de las prostitutas, las que incluso se ven más expuestas que otras profesiones al COVID 19.

Pudiéramos hablar de moral, cánones sociales e incluso de resultados del sistema educativo, pero lo que nunca podremos dejar de lado es el conflicto humano en el que se ven involucradas las mujeres migrantes, obligadas a ejercer como trabajadoras sexuales para poder subsistir en medio de una esclavitud laboral sin precedentes en la época contemporánea.

El conflicto entre empleadores, el estado y las trabajadoras, aún en medio de los avances ganados mediante la lucha social de las mismas, se avizora cada día más complejo; existiendo una gran responsabilidad del gobierno, y el sistema judicial. El solo hecho que el Tribunal Supremo de un Estado solo reconozca el derecho a organizarse o sindicalizarse a las mujeres que se dediquen a la prostitución por cuenta propia, y no a las que la realicen bajo la figura de empleadas, más que una garantía jurídica, es una aberración a los derechos más elementales de cualquier ser humano, el trabajo, la legalidad y la libre determinación.

A veces me pregunto ¿Sí sucede en la vieja y culta Europa, en el primer mundo? ¿Qué queda para el resto?